El gobierno de Donald Trump propuso el 2 de junio de 2026 un arancel del 25% a las importaciones provenientes de Brasil, acusando a la décima economía del mundo de prácticas que «obstaculizan el comercio de Estados Unidos». Según la investigación del Representante Comercial Jamieson Greer, Brasil habría incumplido en la aplicación de derechos de propiedad intelectual, adoptado estándares insuficientes contra la deforestación ilegal y restringido el acceso al mercado de etanol. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó «con indignación» ante el anuncio.

El proceso tiene plazos concretos. Hay una audiencia pública programada para el 6 de julio y Brasil dispone hasta el 15 de julio para implementar «medidas correctivas» que podrían revertir la propuesta. El arancel excluye una lista específica de productos: carne de res, café, tierras raras, equipos aeronáuticos y algunas frutas y verduras. La medida se enmarca en una revisión más amplia de la política comercial de la administración Trump, que en paralelo redujo los aranceles generales al acero, aluminio y cobre al 15%, mientras mantiene la presión específica sobre Brasil.

Para el sector empresarial de la región, las implicaciones van más allá del comercio bilateral. Brasil es el mayor socio comercial de América Latina con Estados Unidos y un ancla de inversión para multinacionales. Una disputa arancelaria de esta magnitud presiona cadenas de suministro regionales, eleva la incertidumbre para inversores con exposición al mercado brasileño y obliga a otros países del bloque a recalibrar su posición frente a Washington antes del plazo de julio.

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