La política arancelaria estadounidense sigue marcando las decisiones de comercio e inversión en la región. Tras el fallo de la Corte Suprema de febrero de 2026, que determinó que la ley de emergencia IEEPA no autorizaba al presidente a imponer aranceles amplios, Washington quedó obligado a revertir buena parte de esos gravámenes y a devolver montos millonarios a los importadores, en un proceso de reembolsos que según la prensa especializada podría escalar hasta los US$85.000 millones.

Para las empresas latinoamericanas que exportan o buscan expandirse en Estados Unidos, el escenario abre oportunidades, pero también obliga a distinguir qué gravámenes quedan vigentes. Los aranceles sectoriales y los acuerdos bilaterales negociados en 2025 siguen en pie, mientras el marco legal general permanece en disputa.

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