Una coalición de 25 estados de Estados Unidos, encabezada por fiscales generales demócratas, presentó el lunes 3 de agosto una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional para frenar la última ronda de aranceles aplicada a importaciones provenientes de 60 países y economías. Los demandantes sostienen que la medida excede las facultades legales del Ejecutivo y que elevará los costos para consumidores y empresas dentro del país.

Según reportó La Opinión, los gravámenes fijados entre 10% y 12,5% alcanzan a economías que representan el 99,4% del volumen total de bienes que Estados Unidos compra al exterior. La querella pide que los aranceles se suspendan, se declaren ilegales y que el Gobierno reembolse los derechos aduaneros ya pagados por los importadores. El eje de la disputa es el uso de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que según los estados solo permite medidas dirigidas a corregir prácticas desleales de un país específico y no un esquema arancelario generalizado.

La Casa Blanca defendió la legalidad de la política comercial y sostuvo que responde a investigaciones sobre trabajo forzoso en cadenas internacionales de suministro. Para América Latina el alcance es directo: según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Argentina, México, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago quedaron en el tramo de 10%, mientras Brasil enfrenta un gravamen general de 12,5%. Es el segundo desafío judicial de peso contra el nuevo esquema, después de la demanda que presentó un grupo de pequeñas empresas.

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