El Gobierno de Estados Unidos se encuentra paralizado desde el 1 de octubre debido a la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto. Como resultado, el presidente Donald Trump ordenó los primeros despidos de funcionarios federales, mientras miles de empleados temen por la continuidad de sus trabajos.
De acuerdo con DW, el cierre ocurre cuando la Cámara de Representantes, el Senado y el presidente no logran un consenso sobre la liberación de fondos, lo que obliga a suspender gran parte de las operaciones de la administración pública. La base legal de esta medida es la Ley Antideficiencia de 1884, que prohíbe gastar sin autorización legislativa. Republicanos y demócratas se acusan mutuamente de haber bloqueado las negociaciones.
Desde 1976 se han registrado 21 cierres en Estados Unidos. El más largo ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el Congreso se negó a aprobar 11.000 millones de dólares solicitados por Trump para construir un muro en la frontera con México. En ese caso, el cierre se extendió por 35 días.
La actual congelación presupuestaria afecta a unos 750.000 empleados federales, especialmente en el sector público, la administración y el tráfico aéreo. Aunque servicios esenciales como la policía, la patrulla fronteriza y los hospitales continúan operando, la falta de ingresos golpea a muchas familias que carecen de ahorros suficientes. Una ley aprobada en 2019 garantiza pago retroactivo a los funcionarios, pero no a los subcontratistas.
El tema central del conflicto es la política sanitaria. Los demócratas buscan mantener el financiamiento al programa Obamacare y revertir recortes a Medicaid, mientras que los republicanos se oponen e insisten en que los demócratas intentan incluir recursos para inmigrantes indocumentados. Trump, por su parte, aseguró que los despidos definitivos de funcionarios forman parte de su plan para reducir el aparato estatal.
El futuro del cierre sigue incierto. Para avanzar en un presupuesto de transición, los republicanos necesitan 60 votos en el Senado, pero solo cuentan con 53 escaños, lo que obliga a conseguir apoyo demócrata. La oposición, sin embargo, exige concesiones en materia sanitaria antes de llegar a un acuerdo.
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