El Congreso de Estados Unidos enfrenta una negociación urgente para acordar nuevas reglas sobre el accionar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se quede sin fondos el 14 de febrero de 2026.

Tras la aprobación de la mayoría de los presupuestos necesarios para mantener el gobierno funcionando, solo queda pendiente la financiación del DHS, que ha quedado separada por las fuertes objeciones de los demócratas, especialmente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operaciones de agentes federales en Minneapolis.

Los demócratas exigen obligar a los agentes a identificarse, usar cámaras corporales y poner fin a las redadas sin orden judicial, además de instaurar investigaciones independientes por abusos y prohibir las patrullas itinerantes.

Por su parte, muchos republicanos, liderados en la Cámara por Mike Johnson, rechazan el requisito de orden judicial para detenciones y consideran suficientes las autorizaciones administrativas, argumentando que las nuevas limitaciones podrían dificultar las operaciones.

La falta de acuerdo no afectará de inmediato las operaciones de ICE, ya que la agencia cuenta con financiamiento previo, pero otras entidades federales como FEMA, la Guardia Costera y la TSA podrían verse afectados si no se resuelve el financiamiento del DHS.

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