A siete meses de iniciado su segundo mandato, Donald Trump ha avanzado en su objetivo de restar a el Congreso el poder histórico sobre el presupuesto, reteniendo recursos y ampliando el uso de herramientas ejecutivas para frenar desembolsos por alrededor de US$425.000 millones, según estimaciones de legisladores demócratas.
Según reporta CNN, la confrontación se acelera con la negociación para financiar al gobierno antes del 30 de septiembre, tras la propuesta de cancelar US$4.9 mil millones en ayuda exterior mediante una “pocket rescission”, mecanismo que demócratas —y la principal republicana en Asignaciones del Senado— califican de ilegal.
Líderes demócratas, como Rosa DeLauro, acusan a la Casa Blanca de “concentrar poder” y retener fondos aprobados para programas de investigación biomédica, seguridad pública y energía. El dato de US$425.000 millones retenidos, compilado por demócratas del Congreso, será clave en las conversaciones con los republicanos, que también votaron esos gastos.
En tribunales, los demócratas obtuvieron fallos que obligan a Russ Vought, director de OMB y arquitecto del plan, a transparentar decisiones presupuestarias. No obstante, la Corte Suprema y cortes de apelaciones han permitido recortes en rubros como ayuda exterior y subvenciones del NIH (por ejemplo, en HIV), otorgando victorias legales a la administración.
El anuncio de la pocket rescission —que busca cancelar fondos cuando queda poco del año fiscal para que el Congreso responda— prepara nuevas demandas. La GAO ya ha sostenido que este proceder vulnera la Impoundment Control Act de 1974, y senadoras republicanas como Susan Collins y Lisa Murkowski advirtieron que el poder de la bolsa es exclusivo del Legislativo.
Incluso voces conservadoras como el representante Thomas Massie expresaron reparos por el momento elegido para la medida, señalando que presentarla tan tarde parece un intento de evitar una votación en el Congreso y que podría quedar entrampada en tribunales.
La Casa Blanca sostiene que su postura tiene sólido sustento legal y que, de ser revisada, los tribunales la respaldarán. Trump ha defendido desde 2023 que el presidente debe “recuperar” capacidad de ajuste del gasto para recortar lo que describe como burocracia inflada.
De fondo, la pugna incluye otros cambios: OMB ha exigido su visto bueno para decisiones de gasto de agencias, frenó la publicación de apportionments (luego restablecida por orden judicial) y promovió un paquete de rescissions aprobado por el Congreso por US$9.4 mil millones, un hecho inusual desde la era Clinton.
Fallos recientes incluyeron una decisión 2-1 del DC Circuit que permitió reanudar recortes en la CFPB, y una votación 5-4 de la Corte Suprema que autorizó suspender cerca de US$800 millones en subvenciones del NIH. En paralelo, Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal bloquear órdenes que obligan a gastar fondos de ayuda exterior.
En el Capitolio, los controles al Ejecutivo han sido limitados. Mike Johnson defendió en marzo una resolución continua anual apoyándose en que la administración no ejecutaría ciertos recursos, mientras demócratas insisten en “barandas” contra el impoundment en la ronda de financiación que vence el 30 de septiembre.
La senadora Patty Murray llamó a rechazar la “maniobra ridícula e ilegal”, mientras DeLauro acusó a los republicanos de no enfrentar el intento de ampliar poderes presidenciales sobre partidas ya aprobadas. El desenlace dependerá de si se incorporan límites a OMB en el próximo acuerdo de asignaciones o si la disputa se traslada, otra vez, a los tribunales.
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