Por Sonia Schott

Una nueva normativa del Congreso estadounidense que propone gravar a quienes no sean ciudadanos estadounidenses, con un impuesto del 5% en sus transferencias de dinero al exterior, está causando escozor y confusión.

Hay preocupación por los efectos negativos a las regulaciones existentes sobre transacciones financieras, que han servido eficazmente para prevenir delitos financieros y lavado de activos, como lo estipula la Ley Patriota contra el terrorismo, aprobada en 2001 después de los ataques del 11 de septiembre.

El impuesto afecta a quien no sea ciudadano estadounidense, incluidos los titulares de tarjetas verdes, de visas de no inmigrantes y aquellos en situación irregular en el país.

Para ahondar sobre sus repercusiones, el Interamerican Dialogue, un centro de pensamiento en Washington organizó el evento “Impuestos a las remesas en la propuesta del Congreso”.

La enmienda legislativa, que está todavía pendiente de aprobación, contiene muchas lagunas, dejando en un limbo cuestiones como: el derecho a la privacidad de los estadounidenses o cómo exigir a los proveedores de transferencias de remesas (RTP) que confirmen la ciudadanía o la situación fiscal de alguien.

Adicionalmente, cuando los costos en las transacciones formales son más altos, los mecanismos informales proliferan.

Por ejemplo, ¿quién está exento y quién no?, no se explica en la ley, tomando en cuenta que, una remesa es una transferencia de ingresos que ya está sujeta a impuestos, especialmente entre quienes están legalmente en Estados Unidos, según Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, del Diálogo Interamericano.

Además, la enmienda menciona como requisito que un proveedor de transferencia de remesas, celebre un acuerdo con el Departamento del Tesoro, para recopilar información sobre el remitente.

Aunque existen algunas entidades privadas autorizadas para verificar el estatus migratorio de una persona, generalmente son agencias gubernamentales que preguntan directamente sobre el estatus de ciudadanía en base al cumplimiento de obligaciones específicas como: formar parte de un jurado, votar, ocupar un cargo público o conseguir un empleo federal, según el Diálogo Interamericano.

Orozco considera que “el impuesto no solo afecta a cualquier persona no estadounidense, sino que supone una carga excesiva para quienes sí lo son pues, el texto ofrece una exención fiscal “tras verificar la condición de los remitentes como ciudadanos o nacionales de Estados Unidos”

Por otro lado, existe el temor de que el flujo de remesas disminuya, tomando en cuenta que representan una fuente crucial de ingresos para miles de familias en el mundo y América latina, no es la excepción.

Las remesas familiares han desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de las redes de pago, mitiga los riesgos financieros e impulsa el bienestar, ayudando incluso a reducir la necesidad de migrar.

Sin embargo, quienes promueven la ley opinan lo contrario pues la ven como un elemento disuasivo ante los flujos migratorios descontrolados, al asestarle un duro golpe a quienes van e pos del “sueño americano” para enviar dinero a sus países de origen.

Por ejemplo, un impuesto del 5% significa que por cada $100 dólares enviados, solo $95 llegarían al destinatario.

Según el grupo financiero global BBVA, las remesas representan alrededor del 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB). de América Latina y el Caribe y de acuerdo con MasterCard, el envío de remesas más grande del mundo está entre Estados Unidos y México.

El portal en línea, Statista, especializado en investigaciones del mercado encontró que para 2022, México recibió más de 61 mil millones de dólares en remesas.

Está demostrado que las remesas contribuyen al impulso económico de la región por ser parte significativa del PIB.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reciente estudio de 2024 encontró que, los envíos de remesas a la región estaban por el orden de los US$161.000 millones de dólares.

Para el BID “Las remesas que reciben las familias inmigrantes de América Latina y el Caribe, contribuyen significativamente a la reducción de la pobreza, considerada una de las principales razones de la migración internacional” una afirmación que desarma el impulso legislativo para la ley de que servirá de freno para la inmigración, legal o ilegal.