Varios empresarios en Estados Unidos han manifestado su preocupación por el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, que dificultan la contratación de trabajadores y agravan la escasez de mano de obra.
Organizaciones como la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC) advierten que existen 1,7 millones de puestos sin cubrir, y sectores como la agricultura, la hostelería y la atención médica dependen en gran medida de trabajadores extranjeros. En la agricultura, por ejemplo, el 73 % de los empleados son inmigrantes, y en salud, el 40 %.
Manolo Betancur, un empresario colombiano nacionalizado estadounidense, es uno de los afectados. Su cadena de panaderías en Carolina del Norte emplea a 70 personas, todas inmigrantes, muchas de las cuales han dejado de acudir al trabajo por temor a redadas migratorias.
La incertidumbre también afecta a quienes trabajan con visas temporales (H-2A y H-2B), programas clave para sectores críticos como la agricultura en California y Florida. El gobierno de Trump aún no ha aclarado si estos permisos seguirán vigentes.
Ante la falta de personal, algunos estados han flexibilizado las leyes para permitir el trabajo de menores. Ohio, Iowa y Florida han aprobado o debatido normas que reducen la edad mínima para realizar tareas antes consideradas peligrosas o restringidas.
Pese a que las deportaciones no han aumentado drásticamente, el fin de ciertos programas de protección temporal ha generado un ambiente de miedo e inestabilidad. Mientras tanto, estudios citados por ABIC y universidades como Northeastern concluyen que las comunidades con más inmigrantes tienden a tener menores índices de criminalidad.
Los empresarios reclaman una reforma migratoria integral que permita una inmigración legal y ordenada, reconociendo el rol clave que los inmigrantes desempeñan en la economía del país.
