La implementación de las medidas HB1617 y la habilitación total de la SB1718 en Florida a partir del 1 de julio tendrán un impacto en la vida de la población indocumentada del estado. Sin embargo, sus efectos podrían sentirse a gran escala en la economía estatal.
¿Qué cambiará con las nuevas leyes?
- Multas y penalizaciones más severas para empresas que contraten indocumentados. Se pedirá que todas las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify. Las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados podrían perder su licencia de operación.
- Condenas de hasta 15 años de cárcel para personas que trasladen inmigrantes indocumentados a Florida (incluso por turismo, amigos y familiares). Si quien transporta vive en el estado, podría ser acusado de un delito grave.
- Los hospitales que aceptan Medicaid y las salas de emergencia tendrán que pedir a sus pacientes información sobre su estatus migratorio.
- Prohíbe a las ciudades y condados del estado la emisión de identificaciones comunitarias, así como anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus migratorio regulado.
- Exige que las agencias del orden obtengan las muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.
Se prevé que la implementación de estas reglas tenga un impacto económico severo en el estado. A continuación, te presentamos cinco gráficos que lo explican.
Datos del Migration Policy Institute indican que el 92%25 se concentran en las siguientes industrias.
Una industria que resultaría especialmente impactada sería la agricultura, pesca y caza, en las cuales se estima que los inmigrantes indocumentados representan el 47% de la fuerza laboral.
Además, esas seis industrias representan el 25% del Producto Interno Bruto de Florida en 2019, que se traduce en $275 mil millones de dólares.
“Sin trabajadores indocumentados, los empleadores en estas industrias podrían perder el 10% de su fuerza laboral y los salarios que contribuyen a la economía estatal. Como resultado, el Producto Interno Bruto de Florida podría bajar en un $12.6 mil millones, lo que es un 1.1% en un año”, indicó el Florida Policy Institute.
El Instituto de Tributación y Política Económica indicó en un reporte de 2017 que por lo menos el 50% de los hogares de inmigrantes indocumentados usan Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y presentan declaraciones de impuestos.
Datos de 2017 indicaron que, a nivel nacional, los inmigrantes pagaron un estimado de $11.74 mil millones de impuestos estatales y locales. En Florida, ese cálculo estimó que los inmigrantes indocumentados contribuyeron $598,678,000 en impuestos.
El Florida Policy Institute indica que se estima que los inmigrantes indocumentados gastan un 7.3% de sus ingresos en el pago de impuestos, lo que contribuye en $923 millones a nivel estatal y local, según estimaciones del 2019.
La bonanza económica que dejan las cifras de turismo en Florida podría cambiar debido a factores como el que transportar inmigrantes indocumentados sea considerado un crimen (incluso si se trata de familiares) y que organizaciones en defensa de los inmigrantes insten a sus simpatizantes a evitar el estado en represalia a las medidas HB 1617 y la SB 1718.
Por ejemplo, La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) advirtió a los latinos que viajan Florida con familiares que tengan cuidado si se encuentran con la Policía.
“No dudamos que, si Abuelita o Tia están con nosotros y estamos perfilados, las regulaciones de aplicación de DeSantis nos tratarán como criminales, transportando a una persona peligrosa que solo quería visitar a la familia o disfrutar de Disneyworld”, dijo en un comunicado de prensa el presidente de LULAC, Domingo García.
En el mismo sentido, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos indicó que evitarían gastos realizados en Florida en repudio a las leyes.
Adicionalmente, otras organizaciones que apoyan los derechos de minorías como la comunidad LGBTQ+ y la población afroamericana han emitido avisos similares.
La aplicación de ambas políticas implicará que el estado tenga que destinar una cantidad significativa para la ejecución de las revisiones y penalizaciones que implican ambas.
Florida Policy Project indica que el Departamento de Oportunidad Económica (DEO) no cuenta con una sección robusta para hacer valer las nuevas reglas impuestas y que tendrá que destinar una gran cantidad para crear puestos de trabajo para vigilar que se cumplan las medidas implementadas.
De acuerdo con los proyectos de ley, una persona arrestada por “tráfico de personas” debe permanecer bajo custodia hasta que sea llevada ante el tribunal para su admisión a libertad provisional.
Mantener encarcelada a una persona por transportar a un inmigrante indocumentado le costaría a Florida entre $152,000 y $481,000 por persona condenada.
De acuerdo con la ley, una persona enfrentaría cargos en tercer grado si transporta a menos de cinco inmigrantes indocumentados y de segundo grado cuando una persona traslade a más de cinco personas, vuelva a tener una detención por transportar a menos de cinco inmigrantes o traslade a un menor indocumentado.
• Delito grave de tercer grado: le costaría al Departamento Correccional hasta $152,000 para encarcelar a cada persona, o $129,000 si cumplen el 85 por ciento de su sentencia.
• Delito grave de segundo grado: le costaría al Departamento Correccional hasta $481,000 para encarcelar a cada persona, o $408,000 si cumplen el 85 por ciento de su sentencia.
Fuente: https://www.univision.com/local/miami-wltv/impacto-economico-ley-de-inmigracion-sb-1718-florida-ron-desantis
